Seis casos por mensajes tras el asesinato de Charlie Kirk encendieron el debate.
A L., estudiante latinoamericano, la noticia le llegó por correo: “Su visa ha sido revocada”. Tenía un semestre pagado, contrato de residencia y una beca parcial. Su error, según el aviso, fue infringir términos del visado por un incidente menor fuera del campus. Para él, la cifra de 80.000 cancelaciones en 2025 ya no es un titular: es un giro vital.
Como L miles encajan en categorías distintas: algunos por delitos claros; otros, por incumplimientos administrativos; y otros más, por publicaciones en redes que las autoridades leyeron como incitación o discurso de odio. La vara subió y el margen de maniobra se estrechó.
Los datos oficiales ubican en 16.000 las revocaciones por conducir bajo efectos del alcohol, 12.000 por agresión y 8.000 por robo. Son conductas que, advierte el Gobierno, no son compatibles con el estatus de visitante. En paralelo, hay cancelaciones a estudiantes —más de 6.000 — por estatus, disciplina o seguridad.
El componente más polémico es el escrutinio digital. Tras el asesinato del activista Charlie Kirk, seis visas fueron anuladas por mensajes celebratorios o insultantes. En la práctica, consulados y oficiales migratorios revisan perfiles y piden acceso público a cuentas para evaluar riesgos.
En campus, directores de programas internacionales describen un clima de cautela: orientaciones con guías sobre qué publicar, qué no y cómo blindar el estatus. Nadie discute que delitos e incitación a la violencia deban tener consecuencias; la tensión está en dónde cortar y quién decide.
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El lanzamiento de la “Gold Card” introdujo otra capa: Estados Unidos estrecha el paso para muchos y lo acelera para quienes pueden hacer contribuciones millonarias. Universidades y empresas ven señales cruzadas; estudiantes y profesionales.
Para L., el desenlace es pragmático: volver a casa, reintentar desde el consulado, explicar el incidente y esperar. Para otros, la cancelación rige al salir del país: si cruzan frontera, no podrán reingresar. Para todos, el coste es tiempo, dinero y oportunidades.
En los aeropuertos, el flujo sigue. Oficialmente, revocar una visa no es deportar a una persona; es negar una puerta. Pero para quien contaba con ese acceso —un posgrado, una feria de negocios, una investigación—, la diferencia es académica.
ONG y clínicas legales universitarias piden reglas precisas, listas de chequeo y plazos de revisión. También, capacitación para que el tamiz digital no confunda crítica política con incitación.
El Gobierno insiste en su mensaje: seguridad primero. En su visión, anular visas por delitos o comportamientos riesgosos evita daños y disuade abusos del sistema. La línea roja se dibuja en la protección del país.
Las 80.000 cancelaciones de 2025 son una estadística y un conjunto de vidas movidas de sitio. Si el objetivo es seguridad, la legitimidad llegará con reglas claras y datos sobre resultados. Hasta entonces, cada sello en el pasaporte contará una historia.