“La tensión entre formalidad urbana y acceso habitacional”
El decreto 1166 del 4 de noviembre de 2025 – publicado por el Gobierno – suprime la exigencia de licencia de construcción en ciertos programas de vivienda bajo el modelo de autogestión.
Este cambio permite proyectos estatales con subsidios de hasta $31,3 millones de pesos avanzar sin trámite de licencia, generando una inversión prevista de $12,5 billones.
Sin embargo, la norma entra en vigencia de inmediato, pese a que la capacitación de profesionales estaba prevista a seis meses, lo que encendió alertas en el sector técnico.
Desde un punto de vista técnico, la licencia de construcción es un mecanismo de garantía que asegura que los proyectos cumplan con normativas de seguridad, urbanismo y calidad; al eliminarla, se reduce un filtro regulatorio.
En términos de acceso, la medida puede favorecer que más familias accedan a vivienda o mejoras sin trámites largos, lo que responde a necesidades sociales de agilidad en construcción o remodelación.
Sin embargo, la reducción de trámites viene acompañada de riesgos: menor supervisión, mayor informalidad, potenciales fallas estructurales o urbanísticas. La advertencia de la concejal Sandra Forero ilustra este punto.
Desde la óptica del gasto público, invertir $12,5 billones sin el mecanismo tradicional de licencia implica que gran parte del control pasa a profesionales individuales (con carta de responsabilidad) y entes territoriales, lo que exige capacidad institucional.
La norma prevé una capacitación profesional, pero que esta sea posterior a la entrada en vigencia genera un desfase de implementación que puede provocar efectos de transición no previstos.
En el ámbito urbano, esta política puede aumentar los desafíos en ordenamiento territorial: sin licencia formal, los municipios podrían tener menos capacidad de control y planificación de crecimiento.
Finalmente, la medida simboliza el dilema clásico entre formalidad y acceso: se opta por la velocidad de la autogestión frente al control institucional. La pregunta para el futuro es cómo equilibrar ambos objetivos para garantizar viviendas dignas y seguras.
Este cambio regulatorio representa un experimento de política pública que apuesta por la autogestión y la reducción del trámite estatal en el sector vivienda. Su éxito dependerá de la capacidad de los profesionales, entidades territoriales y del Estado para garantizar que la construcción no pierda calidad ni seguridad.
En los próximos meses, será clave observar los indicadores de calidad, los reportes de fallas o incumplimientos y el comportamiento del sector construcción bajo este nuevo esquema regulatorio para medir su impacto real en Colombia.