La política leyó la retractación a su propio favor.
La noticia se esparció en notificaciones, audios y trinos: Mancuso pediría perdón a Álvaro Uribe y admitiría que “no le consta” lo que antes sostuvo. No hubo discursos extensos, solo la frase que desarma y desnuda: cuando el peso de la prueba no llega, queda recular.
Del otro lado, el uribismo encendió velas y aplausos. Para ellos, era el punto final de una “infamia”. Para otros, apenas un quiebre en la ruta de quien busca sostener su lugar en la conversación pública y en un sistema de justicia transicional que le exige aportar verdad, entera y comprobable.
En privado, asesores hablaron de riesgo legal y de la conveniencia de una conciliación que evitará un juicio corrosivo. En público, quedó una lectura más simple: disculparse y rectificar. A veces, el lenguaje jurídico cabe en dos palabras: “no me consta”.
El itinerario de Mancuso —tribunales, audiencias, compromisos— lo colocó bajo reflectores. Cada declaración se convirtió en titular y cada rastro en expediente. El gesto de hoy abre un respiro, pero la memoria no entiende de treguas: seguirá pidiendo fechas, nombres, pruebas.
En barrios, chats y emisoras, el país volvió a dividirse. Unos celebraron la “caída” de un relato. Otros vieron en el perdón una jugada táctica. Entre líneas, quedó una lección: la verdad exige más que convicción; exige evidencia.
Para Uribe, el episodio refuerza una narrativa de exculpación. Para Mancuso, es un costo reputacional que compra tiempo. Para las víctimas, persiste la demanda elemental: que quien sabe, cuente; y que lo dicho se pruebe.
Cuando lleguen las firmas y sellos, la conciliación pondrá por escrito lo que hoy retumba en titulares. Hasta entonces, el país masticará la frase que cambió el guión: “no me consta”.
Una disculpa no borra la historia, pero sí la reescribe. El tiempo dirá si fue un punto final o un punto y aparte.