Los pescadores narran el aumento de lanchas extranjeras.
“Antes había más producto”, cuenta Rolando Taylor, pescador raizal de Providencia. Donde buceaba a pulmón, ahora ve lanchas con compresor y acentos de afuera. En el mapa, Seaflower luce enorme; en el agua, 81.176 kilos de pesca ilegal en diez años pesan más que cualquier título.
La Armada patrulla con lo que puede; una fragata para un territorio del tamaño de un pequeño país. En las estadísticas, 68 de 77 detenidos recientes fueron nicaragüenses; en la orilla, la nevera familiar tarda más en llenarse.
Desarrollo
La vida en las islas depende del mar. Langosta y caracol sostienen la mesa; el pez loro mantiene limpios los arrecifes para que el coral respire. Cuando cae uno, caen dos: el plato y la barrera natural contra tormentas.
Desde 2012, tras la CIJ, las lanchas extranjeras se multiplicaron. El compresor les da tiempo y profundidad; al buzo, riesgo de descompresión y pulmones cansados. Al arrecife, tiempo extra de extracción.
No solo vienen de afuera. Hay industriales colombianos que cruzan líneas invisibles en el agua: zonas de no pesca, vedas, áreas núcleo. El resultado es el mismo: menos futuro.
Las leyes están, pero pocas sentencias. La mezcla de distancias, pruebas y tiempos judiciales deja menos del 10% de infractores sancionados. Es difícil creer en el límite si nada pasa cuando lo cruzan.
Los científicos de Coralina y INVEMAR repiten que Seaflower guarda el 77% de los arrecifes del país. Cuidarlos es cuidar la identidad raizal, la economía del buzo y el anzuelo, y la postal que trae turismo.
La AUNAP quiso blindar la pesca artesanal, pero en el muelle la norma vale lo que vale la lancha que llega. Sin combustible, sin botes, la autoridad se queda en el papel y el mar sigue abierto.
La comunidad pide lo básico: presencia, sanción, respeto a las zonas. Quieren decidir junto a la autoridad qué, dónde y cuándo se pesca. Nadie cuida lo que le es ajeno.
Mientras tanto, Seaflower aguanta. Lo hace con menos peces, más algas, y un arrecife que pierde colores.
Asociaciones raizales exigen cierre a la pesca industrial en el archipiélago y control a flotas foráneas. La Gobernación defiende permisos por distancias y falta de mano de obra en cayos remotos.
ONG y académicos piden tecnología de vigilancia, inteligencia regional y justicia expedita para que el mar deje de ser tierra de nadie.
En Seaflower, proteger no es un número, es un verbo. Ocurre cuando hay botes, jueces, vedas y comunidad remando para el mismo lado. Mientras eso llega, el arrecife respira hondo.