Voces que piden verdad, reparación y prudencia.
La selva huele a tierra mojada y a preguntas sin respuesta. En Guaviare, un bombardeo contra el EMC dejó 20 muertos; entre ellos, siete menores. A cientos de kilómetros, en Bogotá, una frase publicada por la senadora Isabel Zuleta convirtió el duelo en pelea: “Para los que pedían bombardeos, ahí los tienen”.
En los caseríos cercanos, líderes comunitarios hablan bajo: desde hace meses ven llegar sombras armadas y muchachos que desaparecen de la escuela. La Defensoría había advertido sobre el reclutamiento. Esa noche, el estruendo bajó del cielo y la guerra recordó que puede tocar a cualquiera, incluso a quienes alguien llamó “combatientes”.
La discusión en redes subió de tono. Opositores denunciaron cinismo; aliados pidieron responsabilidad. En el medio, familias intentan reconocer cuerpos, y equipos forenses siguen protocolos para confirmar edades y circunstancias. “Ninguna causa justifica que mueran niños”, repiten voces institucionales.
En el Estado, la tensión es doble: mostrar resultados frente a estructuras armadas y, al tiempo, garantizar que la protección de la niñez sea innegociable. Los manuales del DIH dicen que la fuerza debe ser proporcional y que, si hay menores, la operación se replantea. En la selva, esos dilemas se deciden en minutos.
El EMC domina corredores claves y disputa rentas ilegales. De día, los helicópteros patrullan; de noche, el miedo se cuela por las rendijas. Las comunidades piden presencia civil sostenida: escuelas, salud, caminos. “Sin Estado, la guerra recluta”, dice una maestra.
La frase de Zuleta dolió porque pareció olvidar a quienes llevan años en medio. Para unos, fue una acusación a la oposición; para otros, un desvío de responsabilidades. En ambos casos, las familias de los siete menores quedaron atrapadas en titulares.
En el Congreso, habrá debate. Expertos en seguridad proponen ajustar reglas de enfrentamiento cuando haya sospecha de NNA; defensores de derechos reclaman transparencia y atención psicosocial. Todos coinciden en algo: el reclutamiento debe frenar con presencia integral y justicia.
En el terreno, organizaciones piden corredores humanitarios y verificación independiente. La paz, dicen, se construye con información cierta y promesas cumplidas. Sin eso, los silencios de la selva seguirán llenos de ruido.
La noche de Guaviare dejó una lección amarga: cada palabra pesa cuando el país sangra. No alcanza con condenar; hay que prevenir. Que los nombres de esos siete niños no se pierdan entre trinos.