La etiqueta de terrorismo reabre viejas denuncias sobre vínculos entre poder, armas y narcotráfico.
Cuando Estados Unidos anunció que planeaba designar al Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera, la noticia corrió rápido por grupos de mensajería y redes sociales en Colombia, Venezuela y buena parte de la región. Para muchos, el nombre de esta red ya era familiar: aparecía en denuncias, investigaciones y relatos sobre cómo el poder y el narcotráfico se habrían entrelazado durante años en el Estado venezolano. Ahora, la etiqueta de “terrorismo” cambió el tono de la conversación.
En barrios fronterizos, en comunidades de migrantes y entre familiares de víctimas de la violencia ligada al narcotráfico, la reacción fue una mezcla de alivio, expectativa y cautela. Los más optimistas ven la decisión como una forma de darle nombre y rostro a una red que, según ellos, ha operado durante décadas con impunidad, apoyándose en estructuras militares y políticas. Otros, sin embargo, se preguntan si una nueva categoría legal bastará para frenar rutas de droga que ya se han adaptado a años de persecución.
Detrás del concepto de Cartel de los Soles hay historias que se remontan a los años noventa, cuando comenzaron las primeras denuncias sobre oficiales con insignias en forma de sol implicados en el tránsito de cocaína. Con el tiempo, esas sospechas se ampliaron hasta señalar a generales, ministros y altos cuadros del chavismo. Investigaciones periodísticas describen una red que habría usado la infraestructura del Estado para asegurar rutas, proteger cargamentos y, en algunos casos, controlar economías ilegales como la minería de oro.
La designación de Estados Unidos llega tras una escalada de medidas. Antes de etiquetar al Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera, Washington ya había presentado acusaciones por narcoterrorismo contra Nicolás Maduro y otros funcionarios, ofrecido recompensas millonarias y sancionado a miembros clave del gobierno venezolano. En julio de 2025, el Tesoro lo incluyó como entidad terrorista global especialmente designada, lo que abrió el camino para el nuevo paso anunciado ahora.
En ciudades del Caribe y de América del Sur, organizaciones de la diáspora venezolana han seguido de cerca cada movimiento. Algunas de ellas celebran la decisión, convencidas de que cualquier endurecimiento del cerco contra el Cartel de los Soles puede traducirse en menos recursos para sostener estructuras represivas dentro de Venezuela. Para estos grupos, la etiqueta de terrorismo es una forma de reconocer el sufrimiento acumulado en desplazamientos forzados, extorsiones y violencia en las rutas que cruzan por la región.
Pero también hay voces que piden prudencia. Expertos en crimen organizado recuerdan que la red no se parece necesariamente a los carteles altamente jerarquizados de México, sino que estaría formada por células dispersas dentro de las fuerzas armadas y otros organismos del Estado. Desde esa perspectiva, golpear al Cartel de los Soles implica enfrentar un problema más amplio: la captura de instituciones públicas por economías ilegales y la dificultad de distinguir dónde termina el Estado y dónde comienza el crimen organizado.
En la frontera colombo-venezolana, así como en países donde el Tren de Aragua ha extendido sus operaciones, la noticia se lee también como un nuevo capítulo en la lucha contra las megabandas. Varios gobiernos de la región ya han tomado medidas propias: el Senado colombiano declaró al Cartel de los Soles organización terrorista, y otras naciones han advertido sobre el riesgo de que estas redes se mezclen con flujos migratorios y estructuras locales de crimen.
Mientras tanto, en Washington la designación se acompaña de un creciente despliegue militar en el Caribe y de una narrativa de “defensa frente al narcoterrorismo”. La llegada de buques y del portaaviones USS Gerald R. Ford a la zona alimenta la sensación de que la tensión en torno a Venezuela está entrando en una fase distinta, con más actores involucrados y mayor riesgo de incidentes que trascienden el terreno jurídico.
Para las personas que viven en zonas afectadas por el narcotráfico, las preguntas siguen siendo muy concretas: ¿habrá menos presencia de grupos armados?, ¿se reducirán las extorsiones?, ¿cambiarán las rutas que atraviesan sus territorios? La experiencia de otras designaciones muestra que las redes criminales tienden a mutar y desplazarse antes que desaparecer, lo que obliga a combinar la presión internacional con políticas locales de protección y desarrollo.
Mientras los gobiernos cruzan comunicados y se ajustan nuevas sanciones, la dimensión humana de esta historia se escribe en silencio en las fronteras, en los puertos y en las ciudades donde el dinero del narcotráfico se mezcla con la economía cotidiana. La etiqueta de terrorismo sobre el Cartel de los Soles puede ser un punto de inflexión, pero su verdadero impacto se medirá en la vida de quienes hoy están atrapados entre el crimen organizado, las disputas políticas y una crisis regional que aún no encuentra salida.