El caso Guaviare reabrió heridas y exigencias de transparencia.
En el salón plenario, las cifras se escucharon como nombres ausentes. La representante Catherine Juvinao pidió cuentas por cinco bombardeos de los que poco se sabe y por un número de menores muertos que varía según la fuente: 15 en registros oficiales recientes, 17 en el conteo que ella llevó al debate, 42 si se suman otras muertes en enfrentamientos.
Las familias en zonas rurales conocen el sonido de los helicópteros y la incertidumbre de no saber quién cayó. El reciente caso de Guaviare, donde se reportaron siete menores entre las víctimas, volvió a poner a los niños y adolescentes en el centro de una discusión dolorosa.
La Procuraduría anunció cinco indagaciones para determinar si se cumplieron las precauciones del DIH. La Defensoría pidió suspender bombardeos cuando haya riesgo de presencia de menores. El gobierno respondió que hacerlo aumentaría el reclutamiento por parte de cabecillas, y defendió que se actúa con inteligencia previa.
En las veredas, las cifras son historias: el traslado al hospital, la espera frente a la sede de Medicina Legal, el silencio cuando no llega un nombre. Por eso el Congreso pidió transparencia, con fichas técnicas y verificación posoperativa que no dependan del rumor.
Expertos en niñez insisten en protocolos reforzados: matrices de riesgo, listas de chequeo, y presencia de observadores civiles tras las operaciones. No son fórmulas mágicas, pero ayudan a prevenir errores que se pagan con vidas que apenas empezaban.
El Ejecutivo mantiene que sin bombardeos se perdería la capacidad para golpear a mandos que ordenan reclutar. La oposición pide responsabilidades si se confirma la omisión de salvaguardas. En medio, comunidades que solo quieren que los niños no vuelvan a ser objetivo.
Mientras avanzan las indagaciones, cada dato es una señal de respeto a las víctimas. Nombrar, contar, verificar: la verdad es también reparación. El debate dejó una tarea común: que nunca más un reporte llegue incompleto.
Organizaciones de infancia celebraron la apertura de indagaciones y pidieron acompañamiento internacional. Bancadas del centro plantearon una moratoria condicionada a verificaciones previas cuando haya indicios de reclutamiento.
Si el Estado documenta y hace pública su cadena de decisiones, el país podrá discutir con hechos y no con conjeturas. Es el primer paso para que ninguna familia vuelva a preguntar, entre papeles y silencios, cuántos fueron.
La infancia no debe estar en la línea de fuego. Entre táctica y transparencia, Colombia debe elegir siempre proteger a sus niños.