Un menor habría sido usado para instalar la bomba.
Ese 3 de junio, en Teusaquillo, la rutina cambió con un detalle: demasiados uniformados en la vía. La Fiscalía sostiene que ahí, entre el ruido del centro, una bomba tipo lapa no llegó a su destino. El plan, dice el expediente, lo habría coordinado Katherine Andrea Martínez, la misma mujer que semanas después sería noticia por estar ligada al magnicidio de Miguel Uribe Turbay.
El relato judicial reconstruye la logística: vigilancias, un recorrido para transportar el artefacto y la entrega del explosivo a un menor de edad. Cuando el adolescente midió la presencia de la Policía, se detuvo. No hubo detonación. Y ese no-estallido se convirtió en prueba.
A Martínez un fiscal de Bogotá le imputó terrorismo. No aceptó el cargo. Para entonces, ella ya estaba privada de la libertad por su presunta participación en la trama que acabó con la vida del senador Uribe el 11 de agosto, dos meses después del ataque a tiros del 7 de junio.
El país recuerda la escena: un acto de campaña, disparos, un adolescente detenido y, luego, una clínica que se convirtió en vigil nacional. El autor material fue enviado a un centro juvenil por siete años, pero la pregunta sobre quién ordenó el crimen sigue al aire.
Desde entonces, la hipótesis de una red criminal se abrió paso. La línea de investigación conecta nombres, teléfonos, rutas y pagos. En esa madeja, el plan que no explotó importa: podría mostrar métodos y jerarquías.
En Teusaquillo, los comerciantes pasaron la página con rapidez, pero no el temor. Una bomba en esa zona hubiera sido símbolo y ruptura. En los despachos, los fiscales ajustan piezas; en los barrios, los vecinos cuentan cómo se multiplica la presencia policial.
La defensa de la sospechosa repite lo obvio: presunción de inocencia. El expediente, sin embargo, ya trazó un hilo que une junio con junio: del 3 al 7, de un artefacto que no estalló a los tiros que apagaron una campaña.
Entre los analistas, la lección es clara: la seguridad de líderes y actos políticos no puede depender de la casualidad. Protocolos, inteligencia y rutas seguras no son eslóganes; son la diferencia entre un susto y una tragedia.
En la Fiscalía, la prioridad es desmontar la estructura. Si las pruebas sostienen la tesis, el proceso por terrorismo será la bisagra que acerque a los instigadores. Si no, quedará como un capítulo aparte que nunca debió escribirse.
Por ahora, la justicia camina: audiencias, peritajes y entrevistas. Afuera, un país expectante.