Una historia de advertencias antiguas y un presente incómodo.
El reporte llegó y quedó sobre el escritorio: la UIAF advirtió, en febrero de 2024, que el patrimonio de Bernardo Forero había crecido en $7.000 millones sin explicación clara. En una compañía como Ecopetrol, cada alerta dispara protocolos y reuniones; esta, en cambio, quedó atrapada entre validaciones y esperas.
La historia se hizo pública meses después, cuando columnistas desempolvaron antecedentes y solicitaron cuentas. El expediente no era una hoja suelta: se hablaba de ROS previos, documentos, comités. Afuera, el país se preguntaba cómo una señal de ese tamaño podía dilatarse.
Entonces apareció una frase que lo cambió todo: el presidente Gustavo Petro dijo que, si hubo enriquecimiento ilícito, el jefe de la petrolera “debe actuar”. El mensaje convirtió un tema de cumplimiento en condición política. En cuestión de horas, el caso ocupó portadas y parrillas.
Para el ejecutivo señalado, no hay aún imputaciones. La alerta administrativa no es una condena, pero sí una obligación: explicar, documentar, despejar dudas. Para la empresa, significa revisar actas, flujos de decisión y el camino que recorrió, o no, el expediente.
En los pasillos, empleados hablan de reputación, de lo duro que resulta para una compañía estratégica navegar entre transición energética, resultados y tormentas mediáticas. El aprendizaje, dicen, será fortalecer los filtros y comunicar a tiempo.
Las comparaciones con otros países aparecen de inmediato: cada escándalo por variaciones patrimoniales en directivos estatales ha enseñado que la velocidad importa tanto como la verdad. Porque cuando la respuesta tarda, las preguntas crecen.
Mientras tanto, el reloj sigue corriendo para Ecopetrol. En algún archivo reposan los soportes, los cruces bancarios, las matrices de riesgo. El final de esta historia dependerá de si aparecen a la luz con la contundencia que se espera.
El llamado presidencial generó pronunciamientos de voces políticas y de mercado. Unos exigen separación temporal del cargo; otros piden prudencia. Expertos en gobierno corporativo recomiendan un informe público sobre lo actuado desde febrero.
Para los trabajadores y accionistas, la preocupación es la confianza. Una investigación oportuna, con hallazgos claros, podría evitar un daño mayor y enviar una señal de cero tolerancia a inconsistencias.