El impuesto al carbono se volvió símbolo del “golpe al bolsillo”.
El rumor corrió por los pasillos del Capitolio: la reforma tributaria no tenía los votos. En la Comisión Tercera del Senado, Efraín Cepeda consolidó 10 firmas para pedir el archivo; más temprano, en la Cámara, Katherine Miranda ponía por escrito la misma decisión. Dos papeles, dos despachos y un mismo desenlace: el proyecto caía.
Afuera del Congreso, el termómetro era otro: conductores recalculaban trayectos, tenderos hacían listas, y familias hacían cuentas con la gasolina en la mira. La palabra “carbono” dejó de ser técnica y se volvió cotidiana, sin importar si el hogar tenía carro o usaba transporte público.
“No aguantamos más”, repetían congresistas de varios partidos, recogiendo la frase que escucharon en reuniones de región. El costo de la vida y el temor a otro ciclo de alzas en combustibles fueron el pegamento de un acuerdo improbable entre bancadas que pocas veces votan juntas.
En los borradores se hablaba de recaudar hasta $26 billones en 2026 para estabilizar cuentas y cumplir metas fiscales. Pero, para quienes se opusieron, el precio social era alto: el impuesto al carbono podía encarecer el transporte y, con él, la comida, los servicios y la vida diaria.
Las discusiones sobre renta personal, dividendos y ganancias ocasionales parecían lejanas a la calle. Lo que caló fue la gasolina. En una economía de 12 millones de motos y amplias zonas conectadas por carretera, el creciente costo del combustible domina el humor social.
En el Senado, Cepeda circuló un documento con 10 firmas que pedía archivar por impacto económico. En la Cámara, Miranda fue tajante: el país necesita austeridad, no más impuestos. La coincidencia selló la suerte del proyecto.
Comerciantes y transportadores habían pedido gradualidad y amortiguadores: tarifas escalonadas, transición justa, y una compensación focalizada a quienes dependen del diésel. Sin esas garantías, las alarmas se encendieron.
Al interior del Gobierno, técnicos insistían en la urgencia de nuevos ingresos. Sin ellos, decían, el costo de la deuda sube y el margen social se erosiona. Pero la aritmética del Congreso fue implacable: sin mayorías, no hay reforma.
Para hogares y pymes, el archivo se sintió como respiro. Para las cuentas fiscales, como reto aplazado. No hay almuerzos gratis: sin reforma, toca priorizar.
La historia reciente dejó otra lección: las tributarias sin pactos previos y mensajes claros naufragan. La calle y el hemiciclo hablan más de lo que parece.
En el Congreso, los promotores del archivo pidieron recortes a los gastos superfluos y un plan agresivo contra evasión y elusión. Gremios celebraron la pausa pero advirtieron que sin previsibilidad no habrá inversión.
El Gobierno anunció que replanteará su estrategia para 2026: más gradualidad en carbono, simplificación para pymes y un paquete austero que rescate consensos posibles.
La reforma se cayó por donde más duele: el bolsillo. El país entra en un nuevo capítulo: financiar lo impostergable sin golpear a quienes menos tienen. La conversación apenas empieza.