Mandos niegan; Gobierno respalda; comunidades piden verdad verificable.
En una vía de Antioquia, un retén detuvo una caravana. De allí salieron dispositivos que, meses después, encenderían un debate nacional: correos y chats que hablan de pactos entre hombres armados y funcionarios del Estado. En los caseríos, el rumor corrió más rápido que la señal: “¿y ahora qué va a pasar?”.
La Unidad Investigativa de Noticias Caracol reconstruyó historias de mensajes, nombres y rutas. En Bogotá, respaldos y desmentidos cruzaron el aire; en la montaña, la pregunta sigue siendo si habrá paz o vendrá otra arremetida.
Los archivos apuntan a un delicado intercambio de favores: alertas para evitar operativos, frecuencias y apoyos para moverse sin ser vistos. El general Juan Miguel Huertas dice que todo es falso; que incluso ha sido suplantado. Wilmar/Wílber Mejía, de la DNI, asegura que es un montaje.
Mientras tanto, la Fiscalía activa indagaciones y la DNI hace lo propio. En el camino, quedaron familias que temen el regreso de extorsiones y confinamientos si se rompen los acuerdos locales que, con aciertos y errores, les habían dado algo de respiro.
El Gobierno sostiene que los señalados colaboran contra la corrupción interna; la oposición exige apartarlos mientras se esclarece. Los noticieros hablan de correos; la calle repite historias de puestos de control, retenciones y camionetas en silencio.
En redes, cada nueva filtración alimenta el sesgo de confirmación. Los expertos recuerdan que sin peritaje independiente los chats son indicios, no pruebas. El país ya vivió episodios donde la inteligencia cruzó líneas y pagó con credibilidad.
En Anorí y otros municipios, líderes piden que no se rompa lo poco que queda de confianza. “Si hay culpables, que se conozcan; pero que no nos dejen en medio otra vez”, dicen. La paz total se juega en lo cotidiano: en si llega el mercado, si abre la escuela, si pasa la ambulancia.
El expediente también sacó a flote mensajes políticos y supuestas menciones de campaña; negadas con fuerza por el Gobierno. La ciudadanía mira los peritajes como el único idioma en el que todos podrían ponerse de acuerdo.
DNI, Ejército y Fiscalía prometen resultados. Defensa reclama celeridad. En organizaciones civiles crece la demanda de veeduría independiente y protocolos de transparencia para no repetir errores.
Si los archivos se confirman, habrá que depurar; si se desmienten, tocará reparar las confianzas. En ambos escenarios, el mayor reto será proteger a la población que habita entre puestos militares y rutas de disidencia.
La historia de los computadores de ‘Calarcá’ es, al final, la historia de un país que intenta parar la guerra sin perder el estado de derecho. Lo que se pruebe, o no, definirá si la paz total es promesa o camino.