Servidores piden equilibrio y que se escuche a la base.
No hubo arengas largas, pero sí carteles y cifras que pesaban. Frente al búnker de la Fiscalía, trabajadores se reunieron para decirle a su jefa, Luz Adriana Camargo, que la reestructuración los está golpeando: “Durante esta administración la estamos pasando mal”. La frase, repetida, venía con datos y una carta bajo el brazo.
El listado de cambios es conocido en pasillos: eliminación de unidades Gaula en seccionales y traslado de fiscales a Crimen Organizado. Lo nuevo fue la foto colectiva: funcionarios varios con más de una década de servicio pidiendo revisar cargas que, según denuncian, van desde 60 hasta 1.700 procesos.
En la carta a la fiscal, los servidores insisten en que el sistema existe para las víctimas y que los delitos que más crecen extorsión, con un secuestro aún dolorosamente presente no admiten demoras. Temen que sin músculo territorial, las llamadas de auxilio se pierdan entre traslados y oficios.
Para muchos, el Gaula es más que una sigla. Es coordinación, confianza y memoria de casos. Verlo diluido en la reingeniería duele porque sienten que se rompe un puente con Policía, Ejército, CTI y Armada que costó años construir.
Quienes manejan centenares de expedientes describen jornadas que comienzan con víctimas buscando respuestas y terminan con audiencias que se cruzan. Dicen que el equilibrio no es retórica: sin redistribución, cualquier meta es una carrera cuesta arriba.
No piden detener todo, dicen. Piden ser escuchados. Mesas, datos abiertos de cargas, refuerzos donde explotan las denuncias. Y que el trato sea igual: que nadie tenga 1.700 procesos mientras otro maneja 60.
Entre pancartas se recordó a los agentes de la Dirección de Protección aún secuestrados por el ELN. El silencio sobre su suerte endurece el tono: “No puede haber reforma que olvide a los nuestros”.
La pelota está en el despacho de la fiscal, dicen. Si hay diálogo, auditoría de cargas y refuerzos, el malestar cede. Si no, el plantón será apenas el primer capítulo.
El eco del plantón ya se siente en oficinas y chats internos. La evaluación de la reforma no será solo por anuncios, sino por tiempos de respuesta y protección efectiva a víctimas.
El mensaje es claro ajustar sin escuchar a quienes investigan no es opción. La historia seguirá según hablen las cifras y el trato a las víctimas.