La Fiscalía rastrea la procedencia y legalidad del armamento.
La noche del 26 de noviembre, el sonido de detonaciones quebró la rutina en el Cantón Norte. Minutos después, dos oficiales —María Camila Mora y Pablo Andrés Masmela— fueron hallados sin vida dentro de un carro gris. La escena sería solo el inicio de una investigación que hoy gira alrededor de tres armas.
Mientras forenses y fiscales aseguraban el perímetro, otro hallazgo cambió el foco: en la habitación del capitán aparecieron dos armas más. Desde entonces, la pregunta es una: ¿qué pasó realmente esa noche y de dónde provenía el armamento?
El CTI embaló cada casquillo, cada huella. En la lista de tareas: balística, trazabilidad y entrevistas. El general Luis Emilio Cardozo confirmó los hallazgos y la verificación legal de las armas, un paso clave para separar dotación de uso personal.
Colegas y allegados han hablado de una relación sentimental entre ambos oficiales. Los investigadores arman el rompecabezas con mensajes, tiempos de ingreso al batallón y una posible testigo que habría presenciado momentos previos.
En la habitación, el inventario crece: marcas, números de serie, mantenimiento, registros. Afuera, la conversación pública se orienta a controles internos, salud mental y la delgada línea entre lo privado y el deber.
En cuarteles y aulas, instructores recuerdan la Línea de la Vida #234 y los departamentos de psicología. ¿Basta? El caso obliga a mirarse por dentro: detectar a tiempo señales de violencia de pareja cuando hay armas de por medio.
La historia de María Camila —27 años, trayectoria destacada— resuena en su origen, La Vega (Cundinamarca), y entre compañeras que piden no naturalizar la violencia de género. La de Pablo, en proceso de ascenso, abre interrogantes sobre seguimiento psicosocial.
Vecinos de la zona relatan la llegada de patrullas y la tensión en el aire. Al interior del Cantón, el rumor se convierte en silencio profesional: la cadena de custodia no se rompe. Los peritos buscan en la ciencia lo que la noche no dijo.
Cada pericia reduce la bruma: qué arma disparó, quién la accionó, si hubo forcejeo, qué distancia separó a víctima y victimario. La verdad judicial no devuelve vidas, pero fija responsabilidades y evita repetir errores.
El Ejército reiteró su rechazo a la violencia de género y su colaboración con la justicia. Organizaciones civiles pidieron tipificar el hecho como feminicidio si la evidencia lo confirma y revisar procedimientos relacionados con armas personales en instalaciones.
Expertos en seguridad y psicología ocupacional plantean evaluaciones periódicas, rutas de denuncia confidencial y controles estrictos de porte y almacenamiento para reducir riesgos en contextos de pareja.
En los próximos días, la balística y los testimonios darán respuestas. El caso ya dejó una lección urgente: donde hay armas y vínculos rotos, los protocolos no pueden fallar