El Concejo reprogramó la sesión tras disculpas y reclamos ciudadanos.
A la hora citada, el video de convocatoria del presidente del Concejo, Edison Lucumí, ya había corrido en las pantallas del hemiciclo. Afuera, algunos ciudadanos aguardaban para oír a los tres aspirantes a la Contraloría de Cali. Adentro, seis concejales ocuparon sus puestos; quince sillas quedaron vacías.
“Pido excusas a la ciudadanía”, dijo Roberto Ortiz, mirando a una terna que no alcanzó a hablar. Rodrigo Salazar fue más allá: “Las dudas se tramitan en el recinto”. Mientras tanto, los tensiómetros en chats comunitarios y redes sociales se dispararon: fotos de cabildantes en otras actividades circularon como chispas.
El procedimiento era sencillo: escuchar, preguntar, votar. Tras semanas de aplazamientos, la ciudad esperaba una decisión. Pero la aritmética del quórum no perdona: con quince ausentes, no hubo debate ni el primer paso. Carlos Andrés Arias fue el único que radicó excusa. La interinidad sumó otro capítulo.
En el centro, la Plazoleta Jairo Varela siguió su curso, ajena a la tormenta. En el CAM, donde funciona el Concejo, más de uno habló de “boicot institucional”. Los aspirantes —carpetas en mano— salieron con más preguntas que respuestas y la sensación de que el reloj de Cali vuelve a atrasarse.
Angello Vásquez, veedor ciudadano, anunció que acudirá a la justicia para exigir explicaciones por las ausencias. El abogado Eduardo Castillo habló de denuncias por incumplimiento de deberes. El mensaje, en clave ciudadana, fue nítido: no hay espacio para vaciar el recinto en un tema de control fiscal.
La presidencia del Concejo convocó de nuevo para el viernes. Los seis que asistieron insistieron en dar el debate y votar. La ciudad, por su parte, pidió lo básico: presencia y decisiones. El contralor, ese cargo técnico que rara vez ocupa titulares, hoy marca el pulso de la confianza pública.
En barrios y comunas, líderes comunales recuerdan por qué importa: vigilar contratos, ordenar auditorías, exigir mejoras. Sin cabeza en propiedad, los encargos hacen lo posible, pero la brújula se siente temblorosa. La ciudadanía —la que paga impuestos y exige resultados— pide certezas.
El episodio deja lecciones sobre el valor del quórum y la responsabilidad individual de cada curul. También sobre la necesidad de que los desacuerdos políticos se ventilen frente a los micrófonos del Concejo, no con el salón vacío.
Cali merece que su historia cambie de página. Si este viernes hay quórum, la terna hablará y la plenaria decidirá. Si no, la interinidad seguirá creciendo. Y la confianza se encogerá otro poco.
Veedurías y colectivos ciudadanos anunciaron plantones simbólicos y solicitudes de seguimiento disciplinario. Gremios y universidades llamaron a recomponer la ruta institucional y a elegir sin más dilaciones.
Desde la Mesa Directiva se ratificó que la sesión será pública y transmitida, con garantías para la terna y para el debate. Los aspirantes confirmaron asistencia.
Entre sillas vacías y disculpas, Cali aprendió —otra vez— que el control fiscal no puede esperar. Este viernes será la hora de la verdad.