Paso humanitario, pero el resto del país en vilo.
A las seis de la mañana, la caravana se detuvo. En la recta entre San Juan y Arboletes aparecieron las pancartas, los megáfonos y la consigna: “cumplan lo pactado”. Ayineth Pérez tomó el micrófono: “Hace un año prometieron volver; aquí seguimos esperando”.
A su lado había productores de plátano, madres cabeza de hogar y jóvenes que aprendieron a sembrar mirando a sus abuelos. Dicen que no quieren peajes ni pólvora, solo títulos y proyectos que les permitan echar raíces sin miedo.
El cierre es total. Solo dejan pasar ambulancias y casos de urgencia, mientras tractomulas y buses se acumulan bajo el sol del Urabá. La noticia corre por redes locales con la ubicación del Parador Turístico.
El reclamo es simple de decir y complejo de ejecutar: presencia de la ANT en territorio, revisión de expedientes, fechas y responsables. “Nos hablaron de proyectos productivos y de vías terciarias; nada llegó”, cuentan.
Desde Bogotá, el representante Pedro Baracutao recuerda audiencias y constancias sobre la crisis agraria en Urabá. “Seis, siete, diez veces hemos insistido”, repite en videos cortos que ruedan por los grupos de WhatsApp.
La protesta revive historias de despojo y retorno. En Urabá, familias como la de Ayineth han visto fallos favorables que tardan en volverse hechos: cercas, escrituras, crédito, seguridad. “El papel nos reconoce, pero el campo aún espera”.
A cada rato suena un pito; los manifestantes mueven las cintas y dejan cruzar una ambulancia. “No queremos pelear con nadie; queremos que nos escuchen”, dice un campesino que guarda su machete envuelto en trapo para no incomodar.
Mientras tanto, comerciantes y transportadores cuentan pérdidas. “La fruta no aguanta”, advierte un conductor. La región sabe que cada hora parada cuesta, pero muchos reconocen que la espera por la tierra ha sido más larga.
Hacia la tarde, los líderes repiten el mensaje: “Nos vamos cuando haya firma y calendario”. Piden garantes y que las visitas técnicas se agenden en público.
Reacciones y consecuencias. Autoridades regionales activan planes de contingencia. Organizaciones sociales piden respeto a la protesta y a la movilidad de bienes esenciales. En la Cámara, crece la presión para sentar a la ANT.
Cuando caiga la noche, Urabá querrá dos certezas: títulos con fecha y carreteras sin bloqueos.