La joven denunció en 2023; en 2025 llegó la absolución en apelación.
La madrugada en Sutton fue el punto de partida. Entre luces y música, una joven denunció haber sido agredida en el baño privado del local. Semanas después, en enero de 2023, la policía condujo a Dani Alves a una comisaría de Barcelona. En horas, su vida cambió: de las portadas deportivas a una celda en Brians.
En prisión, el futbolista reordenó su relato: primero negó el contacto; luego admitió una relación, que sostuvo consentida. La causa avanzó: exámenes médicos, grabaciones, testigos, peritos. En febrero de 2024, la Audiencia de Barcelona lo declaró culpable de agresión sexual y fijó 4 años y 6 meses de cárcel. Afuera, el debate ya no era futbolístico.
Un millón de euros separó a Alves del encierro. El 20 de marzo de 2024, la Audiencia concedió la libertad provisional bajo fianza; cinco días después, el exjugador cruzó la puerta de la prisión. Tenía prohibido salir de España, pasaportes retirados y una cita semanal con el tribunal. Lo demás era espera.
El 28 de marzo de 2025 llegó el giro: la Sala de Apelaciones del TSJC revocó la condena y lo absolvió. En su resolución, las magistradas y el magistrado consideraron que la prueba no alcanzaba para romper la presunción de inocencia. La noticia recorrió el mundo; en Barcelona, hubo alivio, rabia, dudas y preguntas.
La Fiscalía no se detuvo: anunció casación ante el Tribunal Supremo. No es un nuevo juicio, sino un examen sobre si el TSJC aplicó bien las reglas del juego probatorio. La joven denunciante, arropada por su entorno, sigue en el centro de una conversación que a veces la desborda. El foco mediático pesa para todos.
Para la víctima, el proceso es una carga emocional y un recorrido institucional complejo. Para Alves, una etiqueta que quizá nunca desaparezca del todo. Para la sociedad, un espejo difícil: ¿cómo proteger sin fisuras a las víctimas y, a la vez, respetar garantías procesales cuando hay dudas?
El caso dejó aprendizajes: la necesidad de acompañamiento a víctimas, de tiempos razonables y de información clara. También recordó que el derecho penal es un instrumento duro, que no siempre llega a la verdad moral, sino a la verdad judicial posible.
Las redes amplificaron posiciones: juristas pidieron prudencia; colectivos feministas denunciaron un mensaje desalentador; voces del deporte guardaron silencio. El desenlace final, advierten expertos, dependerá de la decisión del Supremo.
En tres años, el expediente recorrió todas las emociones. El veredicto que queda por escribirse no será solo sobre un nombre propio, sino sobre cómo entendemos justicia y protección.