Un refugio temporal que se volvió hogar.
A la entrada de La Rioja un mural azul trepa como un árbol sobre el concreto. Debajo, corren niñas que preguntan si “mañana habrá colegio”. Dentro de esta sede pensada hace años para otras poblaciones, 389 emberá aguardan una orden que cambie su rutina: deben salir porque el edificio es riesgoso y las máquinas del metro se acercan.
“Nosotros queremos estar aquí; es casa, mientras vuelve el retorno”, dice una lideresa que se aferra a la idea de volver a su resguardo con garantías. No quieren el Parque Nacional, no quieren la ciudad dispersa en arriendos que los separa. Quieren decidir cómo siguen juntos, sin que la urgencia arrase su tejido.
El Distrito responde que la vida va primero, que hay fallas estructurales y problemas sanitarios que no dan espera. Que la tutela de un tribunal los obliga a evacuar y que habrá arriendo temporal o traslado a otra UPI. Nadie discute el riesgo; la discusión es qué hacer con una comunidad que ya hizo hogar donde solo debía pernoctar.
La historia empezó con el desplazamiento. Llegaron de Chocó y Risaralda siguiendo la ruta de otros emberá: primero la intemperie en el Parque Nacional, luego los albergues de emergencia y, más tarde, las sedes como La Rioja. Lo “temporal” se alargó con los meses. Nacieron bebés, murieron abuelas, se llenaron libretas con tareas escolares.
Afuera, la ciudad debate. Hay quienes exigen liberar el predio de inmediato; otros piden no usar la fuerza. Expertos repiten la palabra “transición”, como si nombrarla la hiciera real. En el centro, los niños: sus colchonetas, vacunas, cuadernos, las canciones en emberá y español. Una vida en miniatura que no cabe en un decreto.
La Alcaldía dice que no habrá asentamientos colectivos y ofrece arriendos en barrios distintos. Pero la comunidad teme la dispersión: ¿quién cuidará a los más pequeños, quién traducirá en hospitales, quién sostendrá los rituales? La alternativa de retorno suena bien, si garantiza seguridad en los territorios y medios de vida.
Entre bolsas de mercado y mochilas tejidas, el reloj corre. La inspección de policía intentará una salida concertada; las organizaciones sociales acompañan con listas de verificación: enfoque étnico, rutas de protección para la infancia, transporte, alimentación, intérpretes. La Personería recuerda que cada traslado deja huellas.
El edificio, con sus grietas, es también un archivo de memorias: allí hubo juegos, talleres, peleas, festividades. Cuando llegue el momento, habrá que desarmar cocinas, levantar hamacas y guardar trenzas. Nadie sabe si el próximo techo será por días o por años. La mayor certeza es que ahora sí la transición debe ser de verdad.
Defensores de derechos humanos piden que el operativo sea gradual, con enfoque diferencial y seguimiento independiente. Voceros emberá insisten en un compromiso firmado para retorno o soluciones colectivas dignas; “no más promesas que se quedan a mitad”.
El Distrito reafirma que protegerá a niños y mujeres gestantes y que garantizará arriendos, alimentación y transporte. Asegura que no permitirá que las obras del metro o las fallas del edificio pongan vidas en riesgo.
La Rioja enseña que un refugio puede ser casa cuando faltan respuestas. La decisión que se tome dirá mucho de la Bogotá que se quiere construir con y para sus pueblos indígenas.
