A seis semanas de terminar el año, 59.000 servidores de la rama judicial siguen sin recibir el incremento ligado al IPC, pese a múltiples llamados del sector justicia para que se defina el reajuste y se asignen recursos.
La Contraloría General de la República lanzó una nueva alerta al Gobierno Nacional por el retraso en la actualización de la bonificación judicial que reciben miles de servidores del sector justicia. Según el órgano de control, a seis semanas de que termine el año, el Ejecutivo no ha expedido oportunamente el decreto que fija el reajuste anual de este beneficio, lo que mantiene congelado un componente clave del salario de jueces, magistrados y empleados judiciales en todo el país.
La bonificación, creada por el Decreto 383 de 2013, debe pagarse mensualmente y ajustarse cada año de acuerdo con el incremento del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Sin embargo, para 2025 el Gobierno no había definido a tiempo el ajuste, pese a que ya transcurrieron once meses del año. En la práctica, esto significa que los servidores judiciales han estado recibiendo su remuneración sin el incremento que les corresponde, lo que, a juicio de la Contraloría, vulnera las condiciones salariales establecidas en la ley.
De acuerdo con las cifras entregadas por el ente de control, son cerca de 59.000 empleados del sector justicia los que resultan afectados por la demora. Se trata de funcionarios que dependen de este ingreso para completar su salario mensual y que, además, contaban con el retroactivo del reajuste para afrontar gastos acumulados a lo largo del año. El impacto no es menor: la bonificación hace parte de la estructura salarial del sector y su no actualización deja un vacío en el bolsillo de los trabajadores y en las cuentas oficiales.
La Contraloría advirtió que la omisión del decreto no solo tiene efectos laborales, sino también fiscales y jurídicos. Al no reconocer a tiempo el reajuste, el Estado se expone a reclamaciones administrativas, acciones de tutela y demandas masivas que podrían obligar al pago de retroactivos con intereses y costos adicionales. Estas obligaciones, que hoy no figuran plenamente en las cuentas del Presupuesto General, podrían convertirse en pasivos contingentes capaces de tensionar el equilibrio presupuestal del Ministerio de Hacienda y de futuras vigencias.
En su análisis, el órgano de control subrayó que la acumulación del derecho económico no reconocido durante varias vigencias puede materializarse en un monto significativo de pasivos por concepto de retroactivos salariales. Si el Gobierno termina reconociendo estos recursos de manera tardía, deberá buscar nuevas fuentes de financiación o reorientar partidas existentes, con el consiguiente impacto en otros programas de gasto. La advertencia se centra en la necesidad de prevenir una brecha entre lo presupuestado y lo que realmente debe pagarse.
La Contraloría también recordó que las entidades del sector justicia han elevado reiteradas solicitudes al Ministerio de Hacienda para que se defina el reajuste y se asignen los recursos que permitan tramitar el pago. Sin embargo, la ausencia o demora en la expedición del decreto ha frenado los procesos internos de nómina y ha dejado sin herramientas administrativas a los despachos para incluir el incremento en sus liquidaciones. Desde el punto de vista técnico, esto se traduce en un uso ineficiente de la planeación presupuestal y en riesgos para la sostenibilidad fiscal.
Frente a este escenario, el órgano de control instó al Gobierno Nacional a actuar con celeridad y a garantizar que el reajuste se reconozca dentro del mismo ejercicio fiscal, evitando así que el problema se traslade a vigencias posteriores. La recomendación es clara: expedir el decreto, asegurar el pago oportuno y adoptar medidas de gestión que prevengan nuevos atrasos en años siguientes. El caso se ha convertido en un ejemplo de cómo una decisión administrativa que se aplaza puede escalar hasta convertirse en un riesgo fiscal, jurídico y reputacional para el Estado colombiano.
La alerta de la Contraloría por la bonificación judicial atrasada refleja la tensión entre derechos laborales y disciplina fiscal en Colombia. Mientras 59.000 empleados del sector justicia esperan el reajuste que por ley les corresponde, el Gobierno enfrenta la presión de definir una respuesta rápida que evite demandas, retroactivos costosos y nuevos riesgos fiscales. Lo que ocurra con este decreto será clave para evaluar la gestión del Ministerio de Hacienda, la sostenibilidad de las finanzas públicas y la confianza de los trabajadores judiciales en el cumplimiento de sus garantías salariales.