Lo esencial para usuarios, comercios y plataformas.
El Gobierno desistió de aplicar una retención del 1,5 % a los pagos con billeteras digitales y fijó 0 % para las tarjetas débito y crédito. La decisión, comunicada el 7 de noviembre de 2025, busca eliminar fricciones al pago electrónico y fortalecer la trazabilidad. Para millones de usuarios y comercios, surge una pregunta práctica: ¿qué cambia a partir de ahora?
Primero, la retención en la fuente es un anticipo de impuestos que se descuenta en el momento del pago. Al retirarse el 1,5 % en billeteras y dejar en 0 % las tarjetas, las transacciones digitales no tendrán ese descuento automático. En términos de caja, los comercios reciben el mismo valor pactado con su adquirente o plataforma, sin detracciones tributarias por este concepto.
Segundo, para los usuarios no hay impacto en el precio final por retención; se elimina la percepción de “castigo” al elegir canales digitales como Nequi, Daviplata o PSE. Al homogeneizar el tratamiento con tarjetas, se favorece la experiencia y se reduce el incentivo a volver al efectivo, que no deja rastro y complica controles.
Tercero, para los comercios el beneficio es de liquidez inmediata: sin retenciones, el flujo de caja mejora y se simplifica la conciliación contable. También disminuye la incertidumbre frente a devoluciones o compensaciones futuras que, en el pasado, podían tardar y generar costos financieros.
Cuarto, el ecosistema de pagos como Bre-B —los pagos inmediatos del banco central— gana terreno. Sin un 1,5 % que encarezca cada transacción, la adopción de QR, transferencias instantáneas y PSE tiene menos barreras, en especial para micronegocios y profesionales independientes que valoran costos bajos y rapidez.
Quinto, la medida refuerza la trazabilidad: más operaciones por canales digitales permiten mejores herramientas contra evasión y contrabando. Aunque el Estado renuncia a una retención inmediata, apuesta por más base transaccional y formalización a mediano plazo, con potencial de recaudo más estable.
Sexto, ¿qué no cambia? Siguen vigentes otros costos privados del sistema, como comisiones de adquisición, alquiler o mantenimiento de datáfonos, y tarifas de pasarelas. La decisión es tributaria, no regula los precios comerciales entre empresas de pagos y comercios.
Séptimo, el consumidor conserva protecciones de su entidad financiera y de normas de protección al usuario. En caso de controversias, se mantienen los canales de reclamación y los estándares antifraude que cada plataforma aplica en sus transacciones.
Octavo, a nivel internacional, experiencias como PIX en Brasil muestran que pequeñas fricciones pueden frenar la digitalización. La ruta escogida en Colombia intenta alinearse con casos exitosos, privilegiando volumen y trazabilidad por encima de anticipos tributarios.
Gremios del sector financiero y de comercios consideraron la decisión como un alivio operativo que puede impulsar la aceptación de medios digitales y reducir el costo de vender formalmente. Analistas esperan mayor competencia entre adquirentes y fintech para ofrecer mejores precios y servicios.
Desde el frente fiscal, expertos coinciden en que la trazabilidad es un activo para el control y la formalización. El reto será acompañar el 0 % con educación financiera, interoperabilidad y reglas claras antifraude para sostener la confianza del usuario.El panorama inmediato es de simplificación: más pagos digitales, menos trabas y un empuje a la formalidad. La discusión seguirá en torno a seguridad, costos privados y cobertura en regiones.