Víctimas cuestionan un gesto que el Gobierno llamó “diálogo”.
En La Alpujarra, el 21 de junio de 2025, el público miró perplejo. A la tarima subieron condenados: voceros de estructuras criminales que, horas antes, estaban en celdas de Itagüí. El acto se presentó como avance de paz urbana, pero dejó un silencio largo entre quienes han cargado la memoria de las víctimas.
Meses después, la Comisión de Acusación abrió una investigación previa al presidente Gustavo Petro. En el papel, la decisión pide pruebas: resoluciones del Inpec, explicaciones del Ministerio de Justicia, certificaciones de Presidencia, y la transmisión oficial del evento para entender cada gesto, cada palabra.
Para las víctimas, ver a los cabecillas en una tarima institucional removió cicatrices. En redes, se habló de revictimización. Desde el Gobierno, la apuesta fue explicada como señal: acercar interlocutores para bajar la violencia. Dos lecturas de un mismo día.
En el despacho del alcalde Federico Gutiérrez, salió una carta hacia Washington. El texto alertaba sobre la seguridad en la ciudad y cuestionó que quienes tenían condenas en firme fueran presentados como “voceros de paz” en un escenario oficial.
La ciudad, acostumbrada a debates duros, volvió a discutir límites: ¿hasta dónde un gesto simbólico favorece la pacificación? ¿Cuándo vulnera procedimientos y los derechos de quienes padecieron la violencia?
Ahora, el proceso camina entre oficios y hojas membretadas. La Comisión rastrea quién pidió las salidas, quién firmó y por qué. Si hay faltas, habrá consecuencias. Si todo fue ajustado a la ley, se archivarán. Lo cierto es que el “tarimazo” ya quedó en la memoria como la escena que partió en dos el relato de la paz urbana.