Entre el oro y la sobrevivencia, la comunidad espera.
La madrugada en Puerto Santo trajo un silencio extraño. Donde antes rugían motores, hoy solo quedó el eco del río. Tropas del Ejército caminaron entre zanjas, mangueras negras y piscinas de sedimento hasta encontrar ocho frentes de extracción que, hasta entonces, mordían la tierra. Cinco excavadoras y equipos asociados quedaron inutilizados. Más de $3.000 millones en maquinaria dejaron de trabajar para una estructura que, según las autoridades, responde al Clan del Golfo.
“Hace un mes fue allá arriba, en San Lorenzo”, comenta un vecino, recordando el operativo donde se calcularon 12.000 gramos de oro al mes de producción y $5.000 millones en ganancias ilegales. Esta vez, dicen, el río amaneció más claro.
El operativo combinó rastreo, aseguramiento del perímetro y destrucción controlada de equipos: excavadoras, 1.600 metros de manguera, 1.360 galones de ACPM, tres motores industriales, tres motobombas y cinco clasificadoras. Las fotos de archivo de la región muestran cómo, a punta de retroexcavadora, el bosque se convierte en cráter.
Para los campesinos, el ruido de motor se mezclaba con el olor a combustible. La economía local, dicen líderes comunitarios, se parte entre sobrevivir y ceder a la extracción ilegal. Sin control, la ribera del Cauca se va llenando de lagunas ocres y orillas desmoronadas.
La Brigada contra la Minería Ilegal y el Batallón 31 llegaron con apoyo del CTI. No era la primera vez; pero cada golpe, explican, encarece el retorno de la maquinaria y altera el flujo de caja criminal.
En el caserío, algunos piden empleo y formalización; otros solo quieren que el río vuelva a su cauce sin espuma. La Gobernación insiste en sostener operativos y judicializaciones, pero también en abrir puertas para transitar a economías legales.
Quienes conocen la ruta del oro ilegal saben que la excavadora es apenas el inicio. En algún punto, ese metal cambia de manos, se refina y se mezcla en circuitos donde pierde rastro. De ahí la urgencia de trazabilidad.
A escala nacional, el Ejército ha repetido escenas parecidas: dragas encendidas en llanuras de lodo que, horas después, quedan apagadas. En el Bajo Cauca, la postal se repite, pero cada corte prolonga la recuperación del bosque.
El parte oficial celebra que se golpearon finanzas criminales y se evitaron nuevos daños. En la comunidad, el ruido que se fue deja preguntas viejas: ¿quién compra ese oro?, ¿cómo se formaliza a quienes no ven otra salida?
Desde Medellín, la Gobernación pide más coordinación con Fiscalía y alcaldías para blindar el territorio, cerrar corredores y acompañar a la población. Porque, si el oro encuentra mercado, el ruido vuelve.
Por ahora, Puerto Santo escucha al río. El reto será que ese silencio se convierta en política pública sostenida: justicia, restauración ecológica y trabajo digno.