La investigadora pidió garantías y no revictimización.
Fue después de una reunión informal, en una casa de Teusaquillo que sirve de sede a un proyecto de reducción de daños. Según el relato de la investigadora Yarelix Estrada, esa noche de julio de 2025 el cansancio y el alcohol la vencieron. “Desperté en otra habitación”, contó, con la sensación de no poder responder ni defenderse. A partir de ahí, su decisión fue hablar.
El testimonio corrió por redes y chats de profesionales del campo. En horas, la denuncia dejó de ser un asunto privado para convertirse en tema de interés público. La organización implicada, ATS, activó sus protocolos y separó de funciones a Julián Quintero, su fundador. En su comunicado, prometió “tolerancia cero” y medidas de no repetición. El mensaje buscó un equilibrio entre reconocer el dolor y no prejuzgar.
Para Estrada, ponerlo por escrito fue un paso de protección. Señaló que no era la primera vez que se sentía en riesgo y pidió garantías para continuar su trabajo. La ola de reacciones fue inmediata: colectivos feministas, redes de salud pública y activistas de políticas de drogas sumaron respaldo y exigieron investigación.
Quintero, por su parte, negó los señalamientos y anunció acciones legales. Evitó confrontar públicamente a la denunciante. Su equipo insistió en el respeto a la presunción de inocencia. En el medio, los proyectos que atienden a poblaciones vulnerables tuvieron que seguir: talleres, estrategias de reducción de riesgos, acompañamientos.
Puertas adentro, la organización se vio en la tarea de revisar comités, rutas de quejas y mecanismos de escucha. No es solo una caja de herramientas: para muchas personas, estos procedimientos son la diferencia entre hablar a tiempo o callar por miedo.
En el barrio, el rumor se mezcló con la rutina de la avenida Parkway: gente caminando, clases de yoga en el parque, buses que cruzan Caracas. La vida sigue, pero no igual para quienes quedaron en el centro del huracán. El campo de la reducción de daños, que hace poco llenó auditorios en Bogotá, miró hacia adentro con preguntas incómodas.
Las próximas semanas dirán si las promesas se materializan en investigaciones sin sesgos, protección a la denunciante y sanciones —o exoneraciones— basadas en evidencia. Al final, se trata de algo más que protocolos: se trata de confianza.
El eco de esta historia ya llegó a aliados, donantes y usuarios de programas. Demanda una respuesta a la altura del discurso que por años defendió el sector: cuidado, dignidad, derechos.