La defensa prepara su respuesta; el juez escucha y toma nota.
La frase cayó como un bloque de hielo: “diez cupos”. Era la voz de la fiscal Lucy Laborde ante el Juzgado 14 de Control de Garantías en Barranquilla, cuando desgranó el encuentro del 27 de septiembre de 2022 entre Nicolás Petro y el entonces ministro del Interior Alfonso Prada. Hubo un murmullo breve y luego silencio.
La fiscal siguió: “tres para Ciénaga, uno para su madre, uno para Day, cinco para el tema político de Barranquilla”. En un par de líneas, el relato dibujó destinatarios y territorios. En la sala, periodistas tecleaban. En redes, el eco crecía.
No fue lo único. Laborde también llevó el reloj hacia atrás, hasta el 15 de julio de 2022, para ubicar una reunión con Luis Carlos Reyes, entonces director de la DIAN. Allí dijo que se habría pedido la dirección de la DIAN en Barranquilla y en Cartagena. Y en otra escena, mencionó un encuentro con Guillermo Reyes, por entonces ministro de Transporte.
El relato agregó un capítulo: junio de 2022, edificio Miró de Barranquilla, una reunión, dinero que debía moverse con urgencia. Los nombres de familiares y cercanos aparecieron como piezas auxiliares en la logística. Cada dato fue anotado por el juzgado para su valoración futura.
Los delitos imputados, interés indebido en contratos, tráfico de influencias, peculado y otros, quedaron escritos en el acta. La defensa tendrá su turno para romper la cadena que la Fiscalía intenta soldar con fechas, cargos y cupos.
Afuera, el país repite las preguntas: ¿hubo nombramientos? ¿se cruzan hojas de vida con las fechas? ¿existen correos, chats, agendas que prueben que esas reuniones tuvieron contraprestaciones?
En las entidades mencionadas, los equipos jurídicos revisan archivos, mientras que los servidores públicos escuchan el debate que pone bajo la lupa la meritocracia y el uso de la burocracia para hacer política. Detrás de cada “cupo” hay nombres reales que aspiran a un cargo.
El eco de la audiencia tomó forma de debate nacional. Para unos, la Fiscalía ofreció un mapa convincente; para otros, es una hipótesis en busca de anclas probatorias. En el centro, la credibilidad de la administración pública.
La discusión despega hacia un terreno sensible: la línea que separa gestión política y tráfico de influencias. Allí se decidirá, con pruebas, si lo narrado fue práctica o sospecha.
El juzgado seguirá escuchando. La defensa hablará. Y la Fiscalía deberá soportar cada afirmación. De la evidencia dependerá el desenlace.