El dolor de las familias y el dilema de la fuerza
En la selva del Guaviare el silencio no es quietud: es espera. El jueves por la tarde, la Fuerza Pública siguió durante horas una columna de las disidencias de “Iván Mordisco”. La alerta era clara: riesgo inminente para un pelotón de 20 soldados.
El ataque llegó desde el aire. Al amanecer, las cifras provisionales hablaban de 19 muertos y tres adolescentes rescatados. Con el paso de las horas, Defensoría y Medicina Legal confirmaron al menos siete menores entre las víctimas. El país se partió entre la urgencia de proteger a los suyos y la obligación de proteger a la niñez.
En Bogotá, el presidente Gustavo Petro asumió públicamente “el gran riesgo” de autorizar el bombardeo. Lo que para algunos fue un acto de mando para frenar una emboscada, para otros fue la muestra de que el poder aéreo no distingue lo suficiente cuando hay menores cerca.
En terreno, soldados y peritos trabajaron entre árboles altísimos, barro y restos de campamento. La cadena de custodia y la identificación de cuerpos se convirtieron en prioridad, mientras equipos psicosociales atendían a familias que empezaban a llegar desde veredas próximas.
El debate legal escaló rápido. Expertos recordaron los principios de distinción, proporcionalidad y precaución del DIH. ¿Hubo señales previas de reclutamiento? ¿Existían alternativas tácticas? Las preguntas no solo buscan culpables: pretenden evitar que vuelva a ocurrir.
En redes, una frase del ministro de Defensa “lo que mata no es la edad, es el arma”encendió la indignación. Colectivos como Coalico respondieron: incluso si son usados en hostilidades, niños y niñas son víctimas y el Estado debe extremar precauciones.
En los mapas del Guaviare, los analistas marcan rutas de abastecimiento, remanentes de pistas clandestinas y corredores fluviales. El terreno impone reglas: la selva oculta, protege y confunde; acierta o condena según la calidad de la inteligencia.
Este no es el primer bombardeo de la administración. Tras un tabú inicial, desde 2024 se han retomado ataques aéreos contra disidencias y el Clan del Golfo. Funcionan como presión, dicen especialistas, pero “sin control territorial son golpes que el enemigo reemplaza”.
En los barrios de San José del Guaviare, el tema se comenta en voz baja. La memoria guarda otros operativos, otras sirenas. Aquí todos saben que cada acción militar tiene un eco social: desplazamientos, duelos, miedo y una paz que se aplaza.
En Palacio, el episodio obliga a Petro a explicar su giro frente a los bombardeos con menores, que antes calificó como “crímenes” en gobiernos previos. Ahora, como comandante en jefe, defiende la decisión. El costo político aún es incierto.
A corto plazo, el Gobierno promete investigación y protocolos más estrictos para operar donde pueda haber menores reclutados. En el Congreso, se anuncian citaciones y pedidos de información técnica sobre inteligencia y armamento empleado.
A mediano plazo, organizaciones humanitarias piden reforzar la prevención del reclutamiento y rutas de protección. En la zona, comunidades esperan que la seguridad no sea solo bombardeos: presencia estatal sostenida, justicia y oportunidades.
La selva guardará el estruendo, pero no el debate. Este bombardeo dejó una verdad incómoda: la guerra no perdona a la infancia. La paz que se busca exige tácticas que no rompan lo que se intenta reparar.