Claves legales para campañas que van por firmas.
El exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, recibió la negativa de la Registraduría Nacional para inscribirse por firmas de cara a las elecciones presidenciales de 2026. La entidad concluyó que no existe una renuncia formal y oportuna a la consulta del Pacto Histórico, lo que activa una incompatibilidad prevista en la normativa electoral vigente.
La decisión, adoptada en Bogotá y notificada mediante resolución administrativa, modifica el tablero preelectoral en el sector de izquierda y obliga a los comités ciudadanos a revisar con lupa sus cronogramas y trámites. El exmandatario anunció acciones legales y señaló presunto abuso de poder, mientras sus adversarios políticos celebraron el fallo como garantía de reglas claras.
En términos jurídicos, la discusión gira en torno a un requisito concreto: cuando un aspirante participa o se vincula a una consulta partidista, no puede inscribirse simultáneamente por firmas a menos que presente una renuncia formal ante la autoridad competente dentro de los plazos del calendario. El expediente revisado por la Registraduría no encontró ese documento con radicado y fecha.
*Imágenes de referencia
La entidad sostiene que la voluntad política expresada en entrevistas o redes sociales no sustituye la renuncia protocolizada. En derecho electoral, la seguridad jurídica descansa en actos verificables, sellos y trazabilidad documental. Por eso, ante la ausencia de prueba, la inscripción por firmas fue rechazada, dejando sin efecto el esfuerzo logístico de recolección adelantado por el equipo de Quintero.
¿Qué viene ahora? La ruta habitual: recurso de reposición ante la Registraduría, eventual apelación ante el Consejo Nacional Electoral y, en paralelo, acciones judiciales para proteger derechos políticos. Cada instancia evaluará si existió o no un acto de renuncia idóneo y si la interpretación de la autoridad administrativa fue ajustada a la ley y al debido proceso.
El impacto político es inmediato. La campaña por firmas que había construido un relato de independencia frente a las maquinarias queda en pausa. Otros precandidatos del mismo espectro podrían captar parte de las simpatías, mientras la coalición del Pacto Histórico afina su propio mecanismo de selección. En los cuartos de guerra, el tiempo se vuelve el recurso más escaso.
Para la ciudadanía, el episodio sirve de guía práctica. Si una candidatura elige la vía de firmas después de coquetear con consultas, debe cerrar formalmente la primera puerta antes de abrir la segunda. Esa es la interpretación que hoy prevalece y que, de confirmarse en instancias superiores, se convertirá en un precedente pedagógico para futuros procesos.
Organizaciones de observación electoral recomiendan a los comités ciudadanos conformar equipos jurídicos desde el arranque, con cronogramas internos más estrictos que los oficiales. Un error de forma, por pequeño que parezca, puede neutralizar miles de apoyos ciudadanos y meses de trabajo territorial.
La controversia también interpela a los partidos. Las colectividades que promueven consultas deben perfeccionar sus protocolos de inscripción, retiro y certificación, para que no existan zonas grises. Del lado institucional, la Registraduría defiende que aplicó la ley, mientras asume el reto de comunicar mejor los requisitos y plazos a una audiencia masiva.
En el entorno de Quintero se habló de “cerrojazo” y de persecución política; anunciaron denuncias contra el registrador nacional y acciones para revertir la determinación. Entre simpatizantes del Pacto Histórico, en cambio, se aplaudió el respeto a las reglas de juego y se pidió avanzar con su consulta sin interferencias externas.
En redes sociales, el caso escaló a tendencia, con llamados a garantizar transparencia y “piso parejo”. Expertos consultados por medios advirtieron que el expediente será una prueba para el CNE y que el desenlace definirá el estándar de exigencia documental para 2026.
Más allá del pulso político, el mensaje es inequívoco: en elecciones, la forma importa tanto como el fondo. La última palabra no está dicha; la discusión seguirá en recursos y tribunales, mientras el calendario electoral no se detiene.