En cinco años, 1.206 casos verificados de reclutamiento infantil.
En los caseríos del Pacífico caucano, la campana de la escuela ya no suena igual. Padres y maestros caminan con prisa cuando se oyen ráfagas a lo lejos. Algunos niños dejaron de llegar; otros regresan contando que “los invitaron” a vigilar caminos o a llevar mandados. No es nuevo, pero es más intenso: Naciones Unidas confirma que el 2024 cerró con 450 casos verificados de reclutamiento y uso de menores, 42% más que el año anterior.
La noticia de los bombardeos recientes llegó como un golpe adicional. Medicina Legal reportó 15 menores fallecidos en operativos contra el EMC de las FARC entre agosto y noviembre. Para las familias, la suma es insoportable: primero el reclutamiento, luego una muerte que nadie sabe cómo evitar. “La guerra está encareciendo todo, menos la vida de nuestros hijos”, dice una líder comunitaria.
Mónica Hurtado, investigadora en temas jurídicos, resume el dilema: los menores son captados por una economía de guerra que necesita fuerza barata; los Estados, al responder, deben probar un cuidado reforzado. El DIH impone límites claros, pero en la vereda esos límites se vuelven bruma cuando la inteligencia falla y el resultado final son niños muertos.
En Cauca, Nariño y Chocó —la franja más golpeada— los docentes reportan amenazas y escuelas utilizadas como trincheras o depósitos. Más de 7.000 estudiantes se vieron afectados por ataques o usos de instituciones en 2024. No hay paz posible con aulas cerradas ni con familias que migran por miedo a que sus hijos “desaparezcan” un día cualquiera.
La Defensoría del Pueblo contabilizó más de 400 casos en 2024 y advirtió subregistro. UNICEF alertó, además, que las niñas son reclutadas a edades cada vez más tempranas. Son realidades que piden menos eslóganes y más políticas: transporte escolar seguro, alimentación garantizada, becas inmediatas y programas de ingreso para hogares rurales.
Mientras el Gobierno defiende la continuidad de bombardeos “cuando sean necesarios”, la discusión pública se enciende. ¿Puede un país aceptar como normal que niñas y niños mueran en operativos, aunque hayan sido reclutados? ¿Qué sería, de verdad, una precaución “reforzada” cuando hay menores en el terreno?
En las comunidades, las respuestas son concretas: patrullajes mixtos con enfoque protector, vigilancia de rutas escolares, presencia de ICBF y Defensoría todos los días, y oferta educativa que compita con la economía ilícita. Donde el Estado llega con servicios, los “convencimientos” armados pierden fuerza.
Las 15 muertes no pueden cerrarse con una rueda de prensa. Pedir cuentas por inteligencia, tiempos, blancos y alternativas es un deber democrático. Pero la cuenta mayor es con la niñez: sin cambiar los incentivos del territorio, la guerra siempre irá por ellos primero.