El abogado pide evidencia y cuestiona los mensajes en X.
*Imágenes de referencia
A las puertas de la conmemoración por los 40 años de la toma del Palacio de Justicia, el abogado Mauricio Gaona hijo del magistrado Manuel Gaona Cruz cuestionó al presidente Gustavo Petro por intentar, según él, cambiar la narrativa de lo ocurrido en 1985. El epicentro de la polémica son las afirmaciones en X del mandatario y la exigencia de evidencia verificable.
Gaona sostiene que su padre fue asesinado dentro del Palacio durante las primeras horas del asalto del M-19, y que esa versión descansa en testimonios y material probatorio acumulado en décadas. “Las pruebas no las podemos reemplazar por trinos”, dijo en un reciente conversatorio público.
El abogado señala cuatro testimonios que atribuyen el crimen al entorno del comandante Andrés Almarales. A su juicio, esas declaraciones poseen alto valor ético y han sido conocidas por diferentes instancias judiciales y de memoria.
Del lado presidencial, se han insinuado hipótesis que ubican al magistrado saliendo con vida del edificio y apuntan a una eventual responsabilidad de Fuerzas Militares. Para Gaona, esa línea carece de soporte documental y reabre heridas sin aportar pruebas nuevas.
La discusión también toca el operativo de retoma. Gaona recuerda el disparo de un tanque contra la sede judicial y advierte que el uso de la fuerza debe evaluarse a la luz de estándares de derechos humanos. Menciona, además, al coronel Luis Alfonso Plazas Vega, figura polémica en ese capítulo.
Más allá de los nombres, el debate enfrenta dos maneras de construir verdad pública: a) el expediente, con peritajes, documentos y testigos; y b) la resignificación desde el poder político y las redes sociales. En juego está la memoria colectiva de uno de los hechos más traumáticos del país.
Para Gaona, la conmemoración no debería convertirse en un campo de batalla retórico. Pide rigor y metodología al hablar desde la investidura presidencial, porque dice que el país necesita certezas basadas en pruebas y no en tendencias digitales.
Las familias de víctimas y sobrevivientes, entretanto, reclaman que la discusión no derive en polarización ni en blanqueamientos de responsabilidades. El llamado es a leer el pasado con prudencia, para evitar revictimizaciones y atajos políticos.
El episodio vuelve a mostrar que la memoria histórica en Colombia es un terreno sensible y disputado, donde cada palabra oficial tiene impacto jurídico y simbólico. Por eso, cualquier ajuste al relato debe documentarse, socializarse y resistir el escrutinio público.
Organizaciones de víctimas, académicos y juristas pidieron precisión en las afirmaciones sobre el Palacio, especialmente cuando provienen de la Casa de Nariño. Subrayan que cualquier nueva versión debería sustentarse en documentos y testimonios verificables.
A la vez, sectores cercanos al Gobierno defienden la revisión crítica de los relatos hegemónicos y señalan que la memoria también puede ser objeto de debate democrático. El pulso continuará en foros, medios y escenarios de memoria.
Cuarenta años después, el país sigue preguntándose qué pasó y quiénes respondieron por ello. El consenso mínimo parece claro: sin pruebas, no hay relato que resista. La conversación sigue en desarrollo.