Guaviare y Amazonas concentran los casos más recientes.
La noche cae temprano en Calamar. A orillas del Itilla, la selva parece contener la respiración. “Desde ese día, cuando un helicóptero pasa, los niños se esconden bajo la mesa”, dice una maestra rural. A kilómetros de allí, otra familia espera un dictamen final de Medicina Legal. Son parte del mapa humano que dejaron siete bombardeos con al menos 25 menores muertos entre 2019 y 2025.
Las fechas se han vuelto post-it en paredes de madera: 2019 en Caquetá, 2021 en Guaviare y Chocó, 2025 en Guaviare, Amazonas y Arauca. Cada operativo cambió rutinas: ríos sin pescadores por días, escuelas vacías, radios encendidos hasta la madrugada.
En San Vicente del Caguán (2019), la renuncia del ministro no trajo de regreso a quienes faltaban en los pupitres. “Nos enseñaron a identificar sonidos: avioneta, helicóptero, trueno…”, recuerda un profesor. A Calamar (2021), llegaron primero los rumores: “Dicen que fue un campamento”, “dicen que había jóvenes”.
En el Litoral de San Juan (2021), la lluvia lo cubre todo. Los listados de la escuela cambiaron de golpe. En 2025, El Retorno sumó otro vacío: tres menores. Luego Puerto Santander (Amazonas): cuatro jóvenes menos en las fotos familiares.
El 10 de noviembre el eco reventó en Itilla. “Tembló el piso”, cuenta una lideresa. El reporte preliminar habló de siete menores muertos. En Arauca, otra madre sostiene un sobre manila con sellos oficiales: “A mí me devolvieron el silencio”.
Las familias hablan de reclutamiento, de amenazas, de caminos cerrados por actores armados. La Fuerza Pública asegura que fueron blancos válidos y que hubo verificación. Entre ambos relatos, un país que debe elegir cómo enfrentar a los violentos sin romper a sus niños.
La protección de NNA, dice el DIH, no se negocia. En la selva, sin embargo, la realidad obliga a medidas extremadamente cautelosas: cercos, megáfonos, ventanas de evacuación, inteligencia humana en escuelas y puestos de salud.
Los pueblos se miden por la rapidez con la que sus niños vuelven a jugar en los patios. En Guaviare y Amazonas, los recreos siguen siendo tímidos. La Defensoría pide prevención y control; las comunidades piden verdad y reparación.
El Gobierno anunció revisiones a protocolos. Medicina Legal avanza en la identificación y entrega de cuerpos. Organizaciones de derechos humanos acompañan duelos y demandas. En el Congreso, se encendieron debates sobre el uso del bombardeo en zonas con riesgo de presencia de menores.
En Calamar, la maestra vuelve a clase. Escribe una palabra en el tablero: cuidado. Y explica que, a veces, proteger es esperar un minuto más.
Siete bombardeos, al menos 25 menores y un país que busca palabras para que la guerra no vuelva a entrar a la escuela. La prevención del reclutamiento y el cambio de protocolos no resucitan, pero sí pueden evitar que haya nuevos pupitres vacíos.