Detrás de las cifras hay programas sociales y confianza ciudadana en juego.
Cuando Nicolás Petro Burgos volvió a aparecer en la sala virtual del Juzgado 14 Penal Municipal de Barranquilla, el ambiente ya no era el mismo que en sus días de diputado del Atlántico. Esta vez no había aplausos ni tarimas, sino el rostro serio de un juez, la voz de una fiscal leyendo cargos y una audiencia conectada para escuchar si el hijo del presidente iba a asumir o no responsabilidad penal por presuntos hechos de corrupción.
La escena quedó marcada por una frase corta: “no acepto”. El juez le preguntó uno a uno por los delitos que la Fiscalía le atribuye y, para cada imputación —interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, tráfico de influencias, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público—, Petro respondió igual. Al final, la diligencia dejó constancia de que no se allanó a ninguno de los cargos.
Detrás de esas palabras hay una historia que se tejió en los pasillos del poder regional. Como uno de los diputados más votados, Nicolás se convirtió en una figura clave en el Atlántico. De acuerdo con la Fiscalía, fue desde esa plataforma política que habría presionado para que la Gobernación firmara con la Fundación FUCOSO dos contratos por 400 y 572 millones de pesos, destinados sobre el papel a atender a adultos mayores.
Los investigadores describen un esquema en el que su nombre y su influencia abrían puertas. Funcionarios departamentales habrían recibido llamadas, instrucciones y sugerencias para orientar los convenios hacia FUCOSO, no por mérito técnico, sino por la fuerza de un apellido y un caudal de votos. Para la Fiscalía, esa es la raíz del interés indebido en la celebración de contratos y del tráfico de influencias que hoy se le reprocha.
Pero la historia no se queda en los papeles de licitación. Según la acusación, una vez firmados los contratos, empezó una carrera por los anticipos y los pagos. Parte de esos recursos, cerca de 111 millones de pesos, habría terminado en manos de Petro Burgos y de personas de su entorno, entre ellos su entonces esposa Day Vásquez. Cheques, giros en efectivo y transacciones fraccionadas forman parte del relato que, para la Fiscalía, muestran cómo el dinero que debía financiar programas sociales se desvió a bolsillos privados.
La fiscal Lucy Laborde también se detuvo en la vida personal y patrimonial del exdiputado. Explicó que, para justificar ingresos y fortalecer su perfil económico, presuntamente se habrían elaborado certificaciones sobre abonos para una vivienda por montos superiores a los realmente pagados. Se habló de una relación laboral con una empresa que nunca existió. Esos documentos, inicialmente privados, terminaron incorporados al SIGEP y a sus declaraciones de renta, convirtiéndose en falsedades dentro de registros oficiales.
Mientras la fiscalía exponía su versión, afuera de la audiencia se cruzaban sentimientos contrapuestos. Para algunos ciudadanos, el caso es una muestra dolorosa de cómo la política puede tocar los recursos destinados a los más vulnerables, en este caso los adultos mayores. Para otros, se trata de un proceso que debe avanzar sin linchamientos mediáticos, recordando que la justicia aún no ha dictado sentencia y que el apellido Petro no puede ser sinónimo automático de culpabilidad.
En la Casa de Nariño, el expediente también pesa. Desde 2023, cuando estallaron las primeras denuncias sobre dineros irregulares que habrían llegado al entorno de Nicolás, el presidente Gustavo Petro insistió públicamente en que la Fiscalía investigará a su hijo “hasta las últimas consecuencias”. Esa decisión buscaba marcar distancia y enviar un mensaje de no intervención, pero no ha evitado que cada audiencia vuelva a poner en primer plano la vida privada del mandatario.
Organizaciones sociales del Atlántico han aprovechado el caso para recordar que, más allá de quién resulte culpable, lo que está en juego es la confianza en los programas sociales y en la política como herramienta de transformación. Líderes de colectivos de adultos mayores han señalado que cada peso perdido en corrupción se traduce en menos actividades, menos alimentación y menos acompañamiento para poblaciones que ya enfrentan múltiples carencias.
La siguiente parada en esta historia será la audiencia de medida de aseguramiento del 2 de diciembre. De esa decisión dependerá si Nicolás Petro continúa el proceso en libertad o bajo una medida restrictiva. Para él, será otro momento de tensión frente al juez; para el país, una nueva fotografía de cómo la justicia trata a quienes han estado cerca del poder.
Mientras tanto, el expediente sigue creciendo, con nuevas pruebas, declaraciones y debates públicos. En medio del ruido político, la pregunta de fondo se mantiene: cómo garantizar que los recursos dirigidos a los más vulnerables no acaben capturados por intereses particulares, sin importar el partido, el cargo o el apellido.