Una decisión para congelar riesgos mientras hablan las pericias.
La noticia se corrió por los pasillos antes de que el documento circulara: suspensión provisional por tres meses para Juan Miguel Huertas y Wilmar Mejía. En el COPER, donde se decide el destino de miles de uniformados, y en la DNI, donde se filtran los ruidos de un país complejo, la orden cayó como un golpe seco: apartados mientras avanza la indagación por la presunta infiltración de la disidencia de ‘Calarcá’.
Afuera, el eco de Catatumbo y Antioquia —regiones señaladas en los expedientes— resonaba en titulares y programas de opinión. Los archivos incautados en 2024, con mensajes y audios que ponen en entredicho a civiles y militares, pasaron del rumor al acto administrativo. El país entendió que aquello no era un episodio más: tocaba la médula de la seguridad.
Huertas conocía los engranajes del Ejército; su regreso en 2025 al frente del COPER despertó recelos y respaldos. Mejía, de ascenso meteórico, dividía su tiempo entre la inteligencia del Estado y el Consejo Superior de la Universidad de Antioquia, cargo al que anunció que renunciaría. Ambos niegan los señalamientos.
En el Palacio se pidió perímetro técnico: peritajes forenses a los chats y autenticidad digital antes de cualquier decisión mayor. En los cuarteles, la instrucción fue clara: cooperar, entregar y no interferir. En el Ministerio Público, la premisa fue preservar la prueba y evitar la reiteración de hechos.
Voces a favor celebraron la señal de control y exigieron líneas rojas frente a cualquier contacto con estructuras ilegales. Voces críticas alertaron por un posible linchamiento mediático. En medio, la ciudadanía miró con inquietud: si los guardianes de la información fallan, ¿quién protege a quién?
Falta que hablen los peritos, que cruce su dictamen la Fiscalía, que la Procuraduría contraste y decida si esta es una grieta aislada o la punta de un problema mayor. Por ahora, la inteligencia camina en puntas de pie.