La Gobernación exige presencia del Estado y verificación internacional.
Las ambulancias vuelven a tomar rutas alternas. En estaciones policiales, los turnos se alargan; en peajes, la mirada se endurece. En Popayán, el gobernador Jorge Octavio Guzmán firma una carta: “Esta realidad no puede normalizarse”. Pide militarizar la Vía Panamericana, reforzar la Fuerza Pública y proteger a médicos, líderes y funcionarios que sostienen la vida diaria en el Cauca.
En la ciudad, comerciantes ajustan horarios y los colegios afinan protocolos. El mensaje oficial condensa angustia y determinación: más de 17 ataques en semanas han desbordado la capacidad institucional. “Se requiere presencia real, efectiva y contundente del Estado”, se lee en el documento elevado al presidente.
El llamado propone siete acciones. La más polémica: militarizar de forma permanente la Panamericana, la cinta asfáltica que conecta mercados, hospitales y familias a ambos lados de la cordillera. La más humana: blindar a la misión médica y a quienes sirven en terreno. La más estructural: inversiones que arrebaten a los grupos armados la cantera juvenil.
Para Diego, conductor de bus intermunicipal, cada retén es un boleto a la incertidumbre. “La ruta tiene memoria”, dice, recordando atentados recientes en Mondomo y explosiones en Jamundí, que dejaron vidas truncas y miedo en estaciones y corregimientos. La carretera se vuelve termómetro del pulso regional.
En Popayán, la Fuerza Pública anuncia operativos en zonas rurales. La Alcaldía coordina con Ejército y Policía, mientras líderes comunitarios piden coordinación en sitio con ministerios, no solo comités en Bogotá. “Necesitamos que nos miren a los ojos”, señala una enfermera que recorre veredas con su equipo.
Las cifras viajan más rápido que los camiones: muertos, heridos, evacuaciones. Pero detrás hay nombres y oficios: agricultores que no sacan su cosecha; comerciantes que bajan persianas; familias que reprograman citas médicas. La Panamericana, más que una vía, es el hilo que mantiene unida a la región.
Organizaciones humanitarias han advertido sobre picos de violencia y riesgos para civiles en el departamento. La propuesta de una misión internacional busca un doble efecto: bajar la temperatura y poner ojos independientes sobre el cumplimiento de reglas de guerra.
La discusión sobre militarización divide opiniones, pero converge en una idea: sin seguridad no hay futuro. Quienes la defienden piden reglas claras de intervención; quienes dudan exigen controles, métricas y garantías de derechos humanos. En ambos lados hay un acuerdo tácito: proteger la vida primero.
En las noches quietas, las luces de Popayán vuelven a contar historias de paciencia. La ciudad blanca sabe de resiliencia y también de pérdidas. Hoy, el pedido oficial quiere evitar que la costumbre sea el miedo y que la excepción sea la movilidad.
El Gobierno anuncia pronunciamientos. La ciudadanía espera que lleguen con botas en el terreno, ambulancias seguras y peajes sin sirenas. Que la Panamericana vuelva a ser lo que siempre debió: camino y no frontera.
Reacciones y consecuencias. Gremios del transporte y comerciantes han respaldado el llamado por seguridad sostenida; colectivos cívicos piden protección prioritaria a ambulancias y escuelas, y acompañamiento psicosocial en zonas afectadas. La coordinación interministerial en territorio es la exigencia compartida.
Expertos y ONG abogan por verificación independiente del DIH y por planes de empleo juvenil en municipios críticos. La violencia, advierten, también se combate con aulas abiertas y mercados funcionando.
Cierre. El Cauca pidió no acostumbrarse a la guerra. La respuesta medirá la capacidad del Estado para cuidar la vida y el camino.