Con el IPC del 5,51%, las familias hacen sus propias cuentas.
A Lina le alcanza para el arriendo, el mercado y el transporte si el mínimo sube “lo que toca”. Si la cifra se dispara, teme que el propietario actualice el canon y el recibo de servicios llegue más alto. En su libreta, anota porcentajes; en la mesa pública, el país ensaya el suyo.
Con 5,51% de inflación en octubre, la discusión se instala el 1 de diciembre. Experiencias recientes enseñan que cada punto extra puede ser alivio para unos o presión para otros. Técnicos hablan de 6–7%; el Gobierno ha dejado ver opciones más arriba.
El salario hoy es $1.423.500. Con 6,5%, Lina haría cuentas sobre $1.516.478; con 7,5% serían $1.531.763. Si el aumento fuera de 11%, pasaría a $1.580.085 y muchas tarifas que se miden con el mínimo subiría también.
Del otro lado está Andrés, que tiene una peluquería con cuatro empleados. Dice que quiere pagar mejor, pero teme que la nómina, las primas y la seguridad social lo obliguen a subir precios y perder clientes. “Si me paso, cierro; si no, la gente no alcanza”.
En medio, Fedesarrollo sugiere prudencia: 6–7% para mantener el poder de compra y no encender otra vez la inflación. Anif coincide en la cautela y alerta sobre el impacto fiscal y de formalidad si la ambición supera la productividad.
La mesa no solo cuenta billetes: también calibra expectativas. Si el país entiende el porqué del número, ancla precios y permite que el Emisor siga bajando la tasa (hoy en 9,25%), el ajuste rinde doble. Si no, el golpe vuelve por servicios y arriendos.
Mientras tanto, Lina revisa el mercado y Andrés la agenda de diciembre. Ambos saben que un acuerdo evitaría un decreto de última hora, como el de 2025, y daría señales claras a quienes indexan contratos.
Entre planillas y recibos, 2026 empieza a escribirse en porcentajes. En la calle y en los balances, la paz de fin de año depende de una cifra con efectos multiplicadores.
Sindicatos aseguran que subir más es corregir la pérdida de poder adquisitivo y dinamizar el consumo. Gremios piden gradualidad para preservar empleo y caja empresarial. La ciudadanía teme por arriendos y tarifas atadas al mínimo.
Un consenso cerca de 6–7% moderará indexaciones y consolidaría la desinflación; uno de dos dígitos multiplicaría el ajuste en 2026. Para millones, la diferencia cabe en una bolsa de leche, un pasaje y unas horas extra.
Que el número final cuente la historia de ambos lados: ingreso digno y empleo sostenible. El reto es acordarse a tiempo y explicarlo bien.