El proyecto no murió, pero salió herido del Capitolio.
Cuando cayeron los últimos mensajes en los chats de bancada, la sesión en Cámara ya había naufragado por falta de quórum. Al otro lado del Capitolio, en el Senado, crecían las firmas para el archivo. La etiqueta que quedó flotando, “archivo digno”, no calmó la ansiedad de quienes esperan certezas sobre impuestos y precios.
“Necesitamos reglas claras para saber si contratamos o no en enero”, dice una empresaria de alimentos. En su hoja de costos, cualquier ajuste en IVA o selectivos cambia márgenes y decisiones de inversión. En los hogares, la pregunta es más simple: ¿alcanzará el ingreso si suben precios de algunos bienes?
El Gobierno defiende que el paquete buscaba recursos para cumplir metas sociales y sanear las cuentas públicas. Sus alfiles en Cámara insisten en que hay espacio para un texto más liviano, con menos impacto y más foco en evasión. La oposición replica que antes de subir tasas hay que podar el gasto.
En los pasillos, los partidos bisagra hacen cálculos. Ven en el “archivo digno” una puerta entreabierta: sirve para enviar un mensaje a su electorado, pero también para negociar una versión menos impopular. El tamaño de esa puerta lo define el tiempo restante.
Fuera del Capitolio, la incertidumbre se traduce en cautela. Proyectos de inversión se posponen a la espera de definiciones. Comerciantes revisan listas de precios con lápiz y borrador. Y los hogares cruzan los dedos para que los alimentos y servicios no se encarezcan.
El forcejeo no es nuevo. En la región, varias reformas tributarias recientes se han partido en dos: un primer paquete de recaudo “quirúrgico” y un segundo de eficiencia del gasto. La apuesta es que lo posible no se vuelva enemigo de lo necesario.
Gremios piden un acuerdo mínimo que evite “impuestos a ciegas” y preserve el consumo. Organizaciones sociales exigen progresividad real y blindajes para los más vulnerables. Desde la academia, se advierte que sin decisión política el déficit empeorará.
La conversación seguirá, con llamados del Ejecutivo a apurar consensos y con advertencias de bancadas que ven “la última oportunidad” para archivar. De un lado y del otro, el costo de equivocarse es alto.
La noche se fue, el proyecto quedó en vilo y el país amaneció con la misma pregunta: ¿quién paga y cómo? La respuesta dependerá de un acuerdo en días, no en semanas.