Tenía 22 años y miedo; llegó a la URI y pidió hablar.
El pasillo de la URI de Canapote todavía tenía olor a café cuando Ricardo González, 22 años, preguntó a quién debía dirigirse. Venía a entregarse. Tras unos minutos, la noticia corría por la oficina: el CTI se movió rápido e hizo efectiva la orden. A cientos de kilómetros, en Bogotá, seguían las velas y los mensajes por Jaime Esteban Moreno, el estudiante que murió tras una golpiza en Barrios Unidos la noche del 31 de octubre.
El relato que hoy conocen los investigadores incluye escenas de trabajo nocturno en San Victorino, un altercado en una fiesta y la recomendación del padre: “Entréguese”. Entre el miedo y la presión, González cruzó la puerta de la Fiscalía. La decisión lo puso frente a un juez y a un expediente que ahora debe probar roles y responsabilidades.
En paralelo, peritos y fiscales revisan cámaras, rutas y tiempos. Cada segundo es una pieza del rompecabezas. La ciudad mira, con preguntas duras sobre violencia y convivencia. El caso dejó al descubierto esa línea frágil entre la fiesta y la tragedia.
No hay veredictos aún. La justicia hablará con pruebas. Por ahora queda una imagen: un joven que toca la puerta de la URI al amanecer y un equipo del CTI que, sin aspavientos, cumple el protocolo.
En redes, la familia de la víctima pide memoria y justicia. En barrios de Bogotá, vecinos recuerdan que la noche del 31 de octubre hubo riñas y llamados de auxilio. En Cartagena, la entrega encendió titulares y volvió a poner bajo la lupa la seguridad en grandes ciudades.
Para quienes trabajan en URI, la escena se repite con distintos nombres: casos urgentes, madrugadas, audiencias que no dan tregua. El objetivo es uno: respuesta rápida y garantía de debido proceso.
El expediente sigue. Faltan audiencias, dictámenes y voces. La historia completa, la que explique por qué y cómo, la escribirá el juzgado.